La Ley de Unión y Fortalecimiento de Estados Unidos mediante la Provisión de las Herramientas Necesarias para Interceptar y Obstruir el Terrorismo de 2001, también conocida como la Ley Patriota, es la ley exige que las instituciones financieras tomen precauciones de seguridad adicionales para ayudar al Gobierno a combatir el Financiamiento del Terrorismo y las actividades de Lavado de Dinero. En virtud de la legislación federal, todas las instituciones financieras deben obtener, verificar y registrar información que permita identificar a cada persona que abre una cuenta. Estos nuevos procedimientos están diseñados para prevenir los delitos, como el robo de identidad y el fraude de cuentas, que comenten los terroristas para financiar sus operaciones contra los EE. UU. y sus ciudadanos.
La Ley Patriota promulgada el 26 de octubre de 2001 por el entonces presidente George W. Bush, se aprobó, en gran medida, como respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center de Nueva York.
Ley Patriota amplió en gran medida el poder de vigilancia e investigación de la Seguridad Nacional, aunque muchas de las herramientas, medios y métodos que se potenciaron en virtud de la ley ya habían sido utilizados por las fuerzas del orden y los organismos gubernamentales en otros contextos, como la persecución de la venta de estupefacientes y otras formas de crimen organizado. Amplió significativamente los poderes de las agencias de inteligencia y seguridad en Estados Unidos con el objetivo de prevenir y combatir el terrorismo.
Algunas de las disposiciones clave de la Ley patriota eran las siguientes:
- Vigilancia de comunicaciones: La ley amplió significativamente la autoridad del gobierno para llevara a cabo la vigilancia electrónica y la interceptación de comunicaciones, incluso a través de los dispositivos de escuchas telefónicas y monitoreo de correos electrónicos, con el objetivo de recopilar información sobre actividades relacionadas con el terrorismo.
- Acceso a registros empresariales: Facultó a las autoridades federales a solicitar acceso a registros comerciales, bibliotecarios y educativos en investigaciones relacionadas con el terrorismo, lo que generó preocupaciones sobre la privacidad y la libertad académica.
- Rastreo de transacciones financieras: Permitió el monitoreo de transacciones financieras y bancarias, facilitando el rastreo de posibles fuentes de financiamiento para actividades terroristas.
- Compartir información de inteligencia: Mejoró la capacidad de las agencias de inteligencia para compartir información entre ellas, con el objetivo de facilitar una respuesta más efectiva a amenazas terroristas.
- Investigación de inmigración: Reforzó las medidas para la detección, detención y deportación de inmigrantes que fueran sospechosos de actividades terroristas.
- Nuevas herramientas para combatir el terrorismo: Proporcionó a las autoridades nuevas herramientas legales para prevenir y castigar el terrorismo como la creación de nuevos delitos y penas más severas.
La Ley Patriota ha sido objeto de controversia y críticas, ya que algunos argumentan que ha dado lugar a posibles violaciones de la privacidad y los derechos civiles de los ciudadanos. Aunque puede haber sido bien intencionada, los poderes de vigilancia e investigación que se otorgaron a los funcionarios del gobierno con el fin de luchar contra el terrorismo también se han utilizado contra la población estadounidense.
Además, se ha debatido si las disposiciones de la Ley Patriota fueron siquiera eficaces para combatir el terrorismo. Como se afirma en un artículo del Washington Post de 2015, cuando se citó a un empleado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos diciendo que: “los agentes del FBI no pueden señalar ningún caso importante de terrorismo que hayan resuelto gracias a las capacidades de espionaje otorgadas por la Ley Patriota”.
La Ley Patriota no se ha cancelado en su totalidad, sin embargo, a lo largo de los años, algunas de sus disposiciones han sido modificadas o renovadas mediante enmiendas legislativas. Además, se han implementado ciertas reformas para abordar las preocupaciones sobre privacidad y derechos civiles expresadas por críticos de la ley.
Bibliografía
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