La primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México se realizó en el 2016, fue coordinada por la Unidad de Inteligencia Financiera con la participación de la Secretaria de Gobernación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Procuraduría General de la República, Banco de México, Poder Judicial de la Federación.
El Gobierno mexicano reconoció la importancia de implementar medidas para desarrollar un régimen legal e institucional de Prevención al Lavado de Dinero, Contra el Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLD/CFT/PADM). Para dicha encomienda el Gobierno mexicano toma en consideración los estándares internacionales en la materia, por ello México se adhiere a el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y de ese modo México adapta a sus circunstancias particulares en la materia a las 40 Recomendaciones emitidas por el GAFI.
La necesidad de una Evaluación Nacional de Riesgos en México surge a raíz de la Evaluación de Efectividad que usa el GAFI dentro de su Metodología de Evaluación. En este sentido la efectividad es el grado en que los sistemas de prevención y combate al LD/FT/PADM implementan las recomendaciones y mitigan los riesgos y amenazas identificados.
Las características que se deben tomar en cuenta para la ENR son:
- Alcance nacional.
- Enfoque federal, sin omitir los otros niveles de gobierno.
- Dimensión dual, en el mismo ejercicio de ENR incluir los temas de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo.
- Ejercicio coordinado, es decir, las agencias públicas involucradas en temas de PLD/FT deberán trabajar en equipo.
- Integración del sector privado, dependiendo de la información que manejen, así como las características de la oferta de bienes y servicios que presten.
- Publicación de resultados, sin irrumpir con las garantías de confidencialidad y reserva de datos que pudieran afectar a la seguridad nacional o a las estrategias públicas que por su propia naturaleza no deban ser de conocimiento público.
Se adoptaron los conceptos de: riesgos, amenazas, vulnerabilidades y consecuencias que se encuentran comprendidos en la guía del GAFI sobre la Evaluación Nacional de Riesgos de LD y FT publicada en febrero de 2013, los cuales se definen a continuación:
“El riesgo se puede percibir como una función de tres factores: amenaza, vulnerabilidad y consecuencias. Una evaluación de riesgos de LD/FT es un producto o proceso basado en una metodología, acordada por las partes involucradas, que se enfoca en identicar, analizar y entender los riesgos de LD/FT y sirve como un primer paso para abordarlos. Idealmente, una evaluación de riesgos involucra la realización de juicios acerca de las amenazas, vulnerabilidades y consecuencias, las cuales se discuten a continuación.
Una amenaza es una persona o grupo de personas, objeto o actividad con el potencial de dañar, por ejemplo, al Estado, la sociedad, la economía, etc. En el contexto de LD/FT esto incluye criminales, grupos terroristas y sus facilitadores, sus recursos, así como actividades de LD/FT pasadas, presentes y futuras.
El concepto de vulnerabilidades utilizado en la evaluación de riesgos comprende aquellas cosas que se pueden explotar por la amenaza o que pueden sustentar o facilitar sus actividades. En el contexto de la evaluación de riesgos de LD/FT, la visualización de las vulnerabilidades distintas de las amenazas significa enfocarse, por ejemplo, en los factores que representan debilidades en los sistemas, controles o ciertas características de prevención de LD/FT de un país.
Las consecuencias se refieren al impacto o daño que el LD o FT puede causar, incluyendo el efecto de la actividad criminal o terrorista subyacente en los sistemas financieros e instituciones, así como en la economía y la sociedad de manera más general. Las consecuencias del LD o FT pueden ser, en su naturaleza, de corto o largo plazo y también relacionadas a las poblaciones, comunidades específicas, el entorno de negocios, o intereses nacionales o internacionales, así como de la reputación y qué tan atractivo sea el sector financiero de un país.
En México se identificaron los factores que pudieran significar una amenaza o vulnerabilidad al régimen de PLD/CFT y son:
- Economía informal.
- Corrupción, potencializa los ilícitos financieros.
- Movimientos de efectivo en divisas.
- Mapa criminal, se refiere a la descripción de las personas y organizaciones delictivas que operan en el territorio nacional.
- Economía criminal, para generar una estimación razonablemente soportada por cifras oficiales del importe de la masa bruta de fondos generados por los delitos precedentes al LD.
- Sectores privados, a fin de revisar las características de los Sujetos Obligados del régimen PLD/CFT para identificar sus vulnerabilidades.
- Calidad institucional, con el objetivo de revisar la efectividad de las instituciones participantes en combate al ilícito criminal.
- Infraestructura jurídica, para revisar en particular el riesgo asociado a la pluralidad de personas morales que operan en nuestro país.
- Revisión de resultados judiciales, para generar indicadores a partir de los expedientes judiciales ya sentenciados.
- Financiamiento al Terrorismo, con el propósito de identificar las amenazas y vulnerabilidades del país en dicha materia.
- Relación binacional con EE. UU.A., para determinar cuáles son las amenazas y vulnerabilidades que surgen de la relación geográfica y económica con los EE.UU.A.
De los factores mencionados se realizaron mesas de trabajo con el propósito de identificar las amenazas y vulnerabilidades, así como la determinación de la probabilidad e impacto de los factores de riesgo identificados. Con base al análisis derivado de las mesas de trabajo se estructuro el documento de la ENR 2016 de la siguiente manera.
“Los factores que se mencionan se dividen en dos mapas y una lista de riesgos: los mapas realizados son, el primero, sobre los riesgos de LD derivados de las amenazas y las vulnerabilidades estructurales (capítulo 3) y el segundo, sobre los riesgos derivados de las vulnerabilidades del régimen de PLD/CFT (capítulo 5); mientras que para el FT (capítulo 4) sólo se enlistan las amenazas y vulnerabilidades identificadas como riesgos, así como su probabilidad, ya que según lo mencionado en la guía del GAFI sobre “Riesgos emergentes del financiamiento al terrorismo” publicado en octubre de 2015, se sugiere que dada la complejidad de determinar las consecuencias del FT es preferible sólo concentrase en la comprensión de las amenazas y vulnerabilidades.”
Los factores fueron evaluados considerando su nivel de probabilidad y su impacto. Por su nivel de probabilidad se determina emitiendo un juicio de valor respecto de la información recabada y analizada para cada factor ya sea de amenaza o de vulnerabilidad considerando que tan susceptible es cada factor de ser un facilitador o generador de LD o FT. Por su impacto para los factores de LD es medido categorizando y graduando las consecuencias que provoca que cada factor sea utilizado como facilitador o generador de LD. Son cuatro las categorías de consecuencias sociales, políticas, financieras y económicas en las cuales se puede repercutir en un grado menor, medio y mayor.
Las consecuencias sociales identificadas pueden ser (la lista no es exhaustiva ni limitativa):
- Aumento de miedo, inseguridad, muertes, desconfianza etc., en las sociedades.
- Incremento de las ganancias de los criminales que les permite seguir cometiendo actos delictivos aumentando su capacidad operativa y logística. Además de mayor acaparamiento territorial.
- Incrementos en el crimen.
Las consecuencias políticas identificadas pueden ser (la lista no es exhaustiva ni limitativa):
- Debilitamiento de las instituciones públicas
- Corrupción
Las consecuencias financieras identificadas pueden ser (la lista no es exhaustiva ni limitativa):
- Daños a la reputación del sistema financiero.
- Riesgos para la estabilidad del sistema financiero.
Las consecuencias sociales económicas pueden ser (la lista no es exhaustiva ni limitativa):
- Afectaciones en la inversión, el ahorro, el consumo y la disponibilidad de crédito
- Competencia desleal que genera distorsiones en precios.
- Cambios en importaciones y exportaciones.
- Efectos en la tasa de crecimiento de la economía, la producción, el ingreso y el empleo.
- Disminución al ingreso público incluso la evasión fiscal.
- Volatilidad del tipo de cambio y del tipo de interés.
- Alteraciones en la demanda de dinero sin explicación económica aparente.
- Distorsiones en los movimientos de capitales tanto entradas como salidas.
- Contaminación de negocios legales por negocios ilegales.
La intención de que en México exista un régimen de PLD/CFT es que los recursos ilícitos no sean introducidos al sistema financiero o a la economía, la introducción de dichos recursos sea oportunamente detectada, y finalmente que se castigue la conducta ilícita identificada y se retiren los recursos ilícitos del delincuente.
El ejercicio de la ENR tiene actualización periódica cada 3 años, realizando una nueva ENR mejorada que integre las modificaciones de los ejercicios anteriores y establezca los ajustes necesarios para actuar con efectividad al combate de la criminalidad financiera, a la evolución de las practicas delictivas y a las estrategias públicas de prevención y combate contra el LD/FT.
Con la primera Evaluación Nacional de Riesgos comprobamos que nuestro país esta comprometido en reforzar su régimen de prevención y combate al LD/FT con la penalización de estos delitos conforme a los estándares internacionales, la creación de entidades encargadas de atender diferentes temas de este tipo como lo es la Unidad de Inteligencia Financiera UIF, junto con el fortalecimiento de las autoridades reguladoras y supervisoras. El trabajo por reducir las practicas que fomenten el LD/FT continua conforme pasa el tiempo ambos lados (autoridad-delincuentes) evolucionan en sus procesos y por ello es necesaria una evaluación constante a las medidas regulatorias del sistema financiero mexicano.
Fuente
https://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/enr.pdf
